No tengo muchos registros de expresidentes colombianos dedicados a defenderse judicial y políticamente de la manera en que lo ha tenido que hacer Álvaro Uribe. Y defenderse acudiendo al ataque virulento, incluso, en tono tan desobligante para su dignidad... Vocifera en Twitter... lo tienen trinando los hechos de corrupción que se atribuyen a su equipo de gobierno, a sus más inmediatos colaboradores y hasta a miembros de su familia.

Aquí está parte de lo que él dice...

Este es el texto de El Colombiano.

Sereno y combatiente, y con la agudeza que lo caracteriza, el exPresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a todas las preguntas sobre las acusaciones en su contra y temas candentes de la vida nacional.

Dio la hipótesis sobre la existencia de "una venganza criminal" contra su Gobierno.

Sobre el tema de las grabaciones e interceptaciones a la Corte Suprema de Justicia, el exPresidente dijo: "Uno de los magistrados, según lo que dicen esas grabaciones, es que el presidente Uribe era el responsable de los atentados contra su seguridad. Cuando yo leo eso digo: aquí hay dos pecados graves, el pecado de poner una grabadora en la Corte, y el pecado de las declaraciones de algunos magistrados. Yo creo que ambas cosas tienen que investigarse".

Usted ha dicho que no tiene pelea personal con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero que sí cree que algunos magistrados están en su contra, además de Jaime Arrubla y Augusto Ibáñez...

"Quiero saludarlos a todos ustedes, a los directivos de EL COLOMBIANO y a todos los lectores del periódico y agradecerles inmensamente esta entrevista.

El Gobierno nuestro apoyó enormemente a la Justicia. Su presupuesto creció en valores reales por encima del 50 por ciento. Adoptamos el arancel judicial. Desatrasamos al país en nivelaciones de jueces, de magistrados y personal auxiliar. Sacamos la ley estatutaria de descongestión. Por primera vez la Corte Suprema de Justicia tuvo un cuerpo de investigación propio. Adoptamos el sistema penal acusatorio. Se reformaron los códigos y se actualizaron. En dos ocasiones modificamos la extinción de dominio que se constituye hoy en una legislación moderna y ejemplar. Todo esto muestra nuestro apoyo a la Justicia.

Ahora, tuve discrepancias con algunas sentencias de la Corte Suprema que tienen que ver con el orden público y con las relaciones internacionales. En el orden público, por ejemplo, nosotros siempre afirmamos que todos los sectores criminales que violan el Estado de Derecho, jurídicamente deben ser tratados en el mismo nivel.

Por eso discrepé de la sentencia que le reconocía a la guerrilla delitos políticos y a los paramilitares no. No obstante que yo estoy en desacuerdo de que en una democracia tan amplia como la colombiana haya delito político.

Tuve desacuerdos en algunos puntos, creo que hay que respetar la independencia de las organizaciones pero eso no impide que haya deliberación. Hay algunas materias como el tema de las relaciones internacionales y el orden público que atañen al Ejecutivo. Por ejemplo, sobre el tema de la extradición, también hablé mucho con la Corte porque es un tema de relaciones internacionales y finalmente el que las dirige es el Ejecutivo.

El doctor Arrubla y el doctor Ibáñez fueron a mi oficina cuando yo era Presidente. Recuerdo que un día les dije: renunció el doctor Juan Ángel Palacio, vamos a entonces a sustituirlo en la terna, y ellos me contestaron que quedaba el impase superado, que procederían incluso a una sesión extraordinaria para elegir Fiscal.

Me sorprendió que días después saliera el doctor Ibáñez a decir todo lo contrario en los medios. A mí siempre me preocupa que en lugar de haberme dicho: mire, lo que acordamos con usted no lo aprobó la Sala de Gobierno, ellos salieran a decir algo que no representaba la verdad, sobre todo cuando había un buen diálogo con nosotros en la Presidencia. Ellos pudieron haberme dicho que reabriéramos ese diálogo, que lo acordado no lo aceptaban en la Sala de Gobierno y hubiéramos buscado otra salida. Me habría gustado que hubiera diálogo.

A mí me parece que cuando el diablillo de la política empieza a determinar decisiones o el discurso de algunos magistrados, como se ha escuchado en los últimos tiempos en el país, se le hace mucho daño a la Justicia".

¿Por qué cree que la CSJ acepta las mentiras de Yidis pero sentencia a los doctores Sabas Pretelt y Diego Palacio sin oírlos?
"Primero, yo respeto enormemente a la Justicia. Tengo discrepancias con un sector de la Corte Suprema de Justicia, pienso que allí tienen una idea equivocada de que en el Gobierno había un propósito para desacreditarlos. Eso es una idea que nada tiene que ver con la realidad. Segundo, le aceptan una autoincriminación a la señora Yidis Medina y en esa sentencia refieren a los doctores Sabas Pretelt y Diego Palacio, de manera que les hace mucho daño. Prácticamente los condena, pero no los escucharon. Eso es muy grave. Entonces, ahora la Sala Penal de la Corte, frente al caso del doctor Sabas Pretelt, se declara impedida. ¿Por qué no los escucharon en su momento y ahora la Sala Penal se declara impedida? ¿Y además cómo se acepta una autoincriminación de una persona como Yidis Medina, sin escuchar a los ministros, cuando está comprobada la capacidad de decir mentiras de esta señora?

Voy a referir algunas mentiras de esta señora. Ella dijo que ella le pidió al Gobierno un contrato en Ecopetrol porque no le habían cumplido el resto. Yo recuerdo que dije: no, por Dios, no permitamos el chantaje. Entonces, mi pregunta es: ¿le cumplieron con el cohecho o no le cumplieron? Ella misma dice que no le cumplieron. Entonces, ¿dónde está el cohecho?
Otra mentira reciente de la señora Yidis Medina. Ella niega que haya incumplido las obligaciones de casa por cárcel. La misma Corte comprobó que las incumplió, por eso le revocaron el beneficio de casa por cárcel y está nuevamente en la cárcel.

Ayer me llegó a mi e-mail un extracto de la publicación de un libro de un señor Villegas, un libro de Yidis Medina, donde la señora hace ya unas afirmaciones que, más que mentiras rechazables, se convierten en mentira repugnante. Unas afirmaciones obscenas, da vergüenza repetirlas, de reuniones conmigo cuando yo tuve con ella las siguientes reuniones: una reunión con la bancada conservadora, yo hice muchas reuniones de bancada a lo largo del Gobierno; y otra reunión a la que asistieron muchas personas en la Secretaría General de la Presidencia, donde yo entré un momento. Lo que esta señora afirma en este libro prueba ya el extremo de la mentira. Mi pregunta es: ¿cómo condenan a unos ministros sin escucharlos, por una autoincriminación de una señora cuya capacidad de mentir, todos los días se comprueba más?

Ese libro de este señor Villegas, unos párrafos me llegaron ayer, la verdad es que golpea mucho leer semejante mentira. De unas reuniones obscenas conmigo, dice la señora Yidis Medina, se lee eso y uno dice: ¡Adónde estamos por Dios!"

¿Usted tiene sospecha de quién pudo estar detrás de la señora de los tintos en el caso de la grabadora aquella en la CSJ?
"Creo que tiene que haber un propósito criminal. Yo no descartaría la hipótesis de una venganza criminal contra nuestro Gobierno. Nuestro Gobierno extraditó a casi 1.200 personas, desmontó el paramilitarismo, el Eln quedó en su mínima expresión, debilitó bastante a las Farc, hubo una disminución esencial de cultivos ilícitos. Nuestro Gobierno en los últimos años decomisó cerca de 15.000 bienes ilícitos, o sea, hay mucho interés potencial en vengar a nuestro Gobierno. Yo recuerdo cuando llegué al íntimo convencimiento de que los 14 señores de las organizaciones paramilitares no estaban cumpliendo con la ley de Justicia y Paz y que era un peligro para el orden público su permanencia en el país y tomé la decisión de extraditarlos. Teníamos el temor de que las tutelas impidieran la extradición. Por primera vez lo voy a decir: hubo que extraditarlos un fin de semana, yo recuerdo que le dije al General Naranjo: para que no vayan a frenar esta extradición con tutelas, yo le ruego que, como el lunes es día de fiesta, que el martes antes de las 8 a.m. estén en el espacio aéreo de Estados Unidos. Y todo ese largo fin de semana se trabajó en esa extradición y alguno de mis interlocutores me dijo: ¿El Gobierno está dispuesto a soportar las venganzas? Otro de los interlocutores me dijo: ¿Presidente, vamos a hacer esta extradición, y quién nos cuida a nosotros después de que dejemos estos cargos? Y preguntas y expresiones similares recibí cuando firmamos varias extradiciones, cuando firmamos la extradición de Simón Trinidad. O sea que, condiciones hay para no descartar un ánimo de venganza del crimen, porque me pregunto: a quién en el Gobierno se le ocurre pagar un dinero para que se instale una grabadora en la Corte Suprema. Por eso es muy importante en este caso y en muchos otros, investigar quiénes fueron los autores intelectuales.

A propósito de grabaciones, hay dos temas. La grabación al interior de la Corte y las interceptaciones. Sobre las grabaciones al interior de la Corte, repito, a quién se le ocurre pagar un dinero, quién lo pagó para que pusieran esa grabadora, y leí después el 31 de octubre en el periódico El Espectador unas referencias y/o transcripciones de lo que dijeron algunos magistrados. Uno de los magistrados, según lo que dicen esas grabaciones, es que el presidente Uribe era el responsable de los atentados contra su seguridad. Cuando yo leo eso digo: aquí hay dos pecados graves, el pecado de poner una grabadora en la Corte, y el pecado de las declaraciones de algunos magistrados. Yo creo que ambas cosas tienen que investigarse. Y hay otros casos en los cuales no se ha clarificado la autoría intelectual.

Por ejemplo, le llevaron a la revista Semana una grabación de unas conversaciones entre un agente de la DEA y el magistrado auxiliar Iván Velásquez y le dijeron, estas grabaciones las mandó a hacer el Gobierno. Yo supe eso porque lo publicaron ahí y yo dije: ¡Por Dios, detrás de esto lo que hay es ánimo de perjudicar al Gobierno, ánimo de desacreditar al Gobierno! Y todos los días les insistía a la Policía y a la Fiscalía: ¿Por Dios, quién hizo esto? Supe que quedaron presos un humilde agente del CTI y un humilde agente de Policía. Mi pregunta es: ¿Dónde está el autor intelectual?"

  Documentos de Wikileaks afirman que Naranjo manifestó que sospechaba que la orden de las interceptaciones ilegales procedía de Gaviria.   DOCUMENTOS REVELADOS por Wikileaks mencionan una reunión entre el exembajador de E.U. en Colombia, William Brownfield, y el director de la Policía, general Óscar Naranjo.

 Colprensa | Bogotá | Publicado el 10 de diciembre de 2010

Nuevos cables revelados por Wikileaks le sumaron elementos al escándalo de las interceptaciones ilegales del DAS a magistrados, políticos, organizaciones de derechos humanos y periodistas.

Según revelaciones hechas por el diario Le Monde , en referencia a los archivos que dio a conocer el portal de Internet, en octubre y noviembre de 2009 hubo una reunión entre el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, y el director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo.

Según Le Monde , en el encuentro Naranjo manifestó sus "sospechas" acerca de la participación en las interceptaciones ilegales del entonces secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y el asesor presidencial José Obdulio Gaviria.

El citado cable provocó una reacción de Gaviria a través de la red social de Twitter: "Apenas ahora viene a entenderse mapa de calumnias y persecuciones que llevan meses. Naranjo mintiendo, denigrando de mí. ¿Qué pruebas tenía?"

"'Jefe de policía, fiscal general, actual director DAS, Jojoy, Iván Ríos detrás de mí. Y horda de perseguidores en los medios. ¿Cómo sobreviví?'. '¿Qué pruebas, tenías, Naranjo? Yo sí notaba ese ambiente hostil, pero, ingenuo, pensaba en enemigos, no en traición'", afirmó el ex asesor presidencial en su cuenta de Twitter.

Las implicaciones
El saliente fiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, aseguró ayer, después de conocer la información revelada, que aunque los documentos filtrados por WikiLeaks no pueden ser evidencia legal dentro de los procesos que se adelantan contra los dos ex funcionarios por las interceptaciones, sí podría ampliar, en algún momento, los procesos dependiendo de la calidad de la información.

Asimismo señaló que no se descarta que Naranjo sea llamado a declarar ante el ente investigador por el proceso que se adelanta por el tema de las chuzadas.

"Lo que hay que dejar bien claro es que todo aquel que tenga conocimiento directo de un hecho que se perfile como delincuencial es un eventual testigo", concluyó el saliente Fiscal General.

» Contexto

Más de las chuzadas en Wikileaks

En un cable con fecha del 16 de septiembre de 2009 se reveló que el ex vicepresidente Francisco Santos considera que el ex presidente Uribe aún no entiende la gravedad del escándalo de las chuzadas, y por eso le pidió en una reunión al ex embajador Brownfield que sostuviera una conversación con Uribe en donde le explique la gravedad del asunto.

 ¿Hay garantías tras un choque de trenes?

Diego Palacio | Medellín | Publicado el 2 de diciembre de 2010

Decía el filósofo alemán Hegel que las verdaderas tragedias no resultan del enfrentamiento entre un derecho y una injusticia, sino que surgen del choque entre dos derechos. Por eso es urgente que el país haga un debate rápido, desapasionado y sereno sobre la relación de la Corte y del Ejecutivo del expresidente Uribe.

Sin lugar a dudas, el asilo en Panamá de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, abrió una discusión a la que algunos se resisten, pero que es indispensable abordar: ¿Será que los funcionarios del gobierno del presidente Uribe, inmersos en procesos judiciales, tenemos las garantías que ofrece la Constitución?

Para nadie es un secreto que las relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y el expresidente Uribe no eran precisamente idílicas. Los medios dieron cuenta de esas tensiones y así lo reflejaron durante mucho tiempo. Recordemos, si les parece, algunos de los muchos titulares: "Tensión entre las Altas Cortes y el Gobierno", ( El Tiempo 9 nov. 2009). "Pulso de poder", (portada de la revista Semana ). "A pesar de la gravedad de la crisis, sube la temperatura entre el Presidente y las Altas Cortes". En el artículo "Encrucijada de la democracia", en El Espectador del 14 de junio de 2009. Y en la portada de la revista Cambio del mismo año, aparecen enfrentadas las caras del expresidente Uribe y del magistrado Augusto Ibáñez, presidente de la Corte, bajo el título: "Sin árbitro. El choque de trenes entre el Gobierno y la Corte Suprema se agrava y no es claro quién puede detenerlo".

Si nos atenemos a estos titulares, es evidente que no existía una relación armónica entre ambos poderes y por lo tanto se puede deducir que tampoco existía ni existe la necesaria dosis de imparcialidad y serenidad que requiere el noble ejercicio de la justicia. Es más, muchos advertimos un apasionamiento preocupante por parte de algunos magistrados que puede oscurecer la contemplación de la verdad. Y me refiero, para ser más exacto, a las descalificaciones múltiples y a los diferentes episodios que dan muestra de la ausencia de imparcialidad.

Pongo como ejemplo el caso de la exdirectora del DAS y las palabras del presidente(e) de la Corte Suprema, magistrado Jaime Arrubla, quien salió recientemente en los medios de comunicación catalogando a la exfuncionaria como perseguidora al decir que "el asilo es para proteger a los perseguidos y no a los perseguidores". "Es absurdo buscar protección cuando ella no era la perseguida".

Y ¿qué hay de mi caso? ¿Cómo se podría interpretar el descontento nada disimulado de algunos magistrados por la tutela que falló a mi favor el Consejo Superior de la Judicatura? O ¿cómo se puede interpretar la investigación que desde hace varios meses enfrenta el Procurador por fallar en derecho en el caso de la yidispolítica?

¿Existen realmente garantías cuando hay un choque de trenes entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia? ¿No será que tras ese choque lo que queda es un número significativo de heridos que no tienen las garantías para asegurar un proceso imparcial? Ojalá la academia y los organismos internacionales examinen muy de cerca semejante conflicto para responder a estas preguntas. Pero sin apasionamientos. Porque las pasiones, como decía Hegel, lo que hacen es oscurecer la contemplación de la verdad.

Y vean al ponderado Don Juan como se sale de la ropa en esta columna:

"¡Te pillé mirando!"

Juan Gómez Martínez | Medellín | Publicado el 3 de diciembre de 2010

Voy a imitar a Raúl Tamayo, no en su estilo ágil y ameno, pero sí en contar un cuento al principio que se le puede acomodar a otras circunstancias y personajes.

El esposo, en una pareja, era algo díscolo y enamorado, practicante por fuera del matrimonio. Una noche, el señor del cuento, se pasó para la alcoba de la empleada del servicio y estaban en lo mejor, o en lo peor, depende de cómo se mire, cuando apareció la señora en el escenario de los hechos. El señor se dirigió a su esposa en tono airado y con voz de regaño le dijo: "¡te pillé mirando!". Traído el cuento a hoy, vemos que el esposo infiel se adelantó a lo que ocurre con nuestra justicia: la esposa violó la privacidad de la empleada, la incursión en la alcoba no fue en horas hábiles de trabajo, no pidió permiso para hacer el allanamiento. La esposa salió regañada y con la carga de la culpa.

Eso está pasando en Colombia. Una Corte Suprema de Justicia que asiste a un acto social, invitados sus integrantes por un señor de no muy buena reputación, que reciben magníficos regalos del mismo después de pagarles el viaje en un avión fletado y de participar en una animada fiesta, según cuentan. Ahora acusan a los funcionarios de un organismo de investigación por haberlos descubierto en un hecho que los deja tan mal parados como al señor del cuento. Los que se pasaron al otro cuarto son los que ahora investigan y hacen el escándalo cuando los pillados fueron ellos. El delito es que se hicieron las chuzadas sin la autorización de los organismos investigados, como lo sucedido con la muchacha del servicio que no dio autorización alguna para que su patrona entrara.

Una justicia en calidad de "encargada", una justicia que ni siquiera cumple con la Constitución para elegir Fiscal General, una justicia que emite los juicios condenatorios antes de iniciarlos, como pasa con la exdirectora del DAS, una justicia a la que le falta nombrar miembros para garantizar los votos necesarios en sus decisiones, no puede ser una justicia confiable. Con razón, para protegerse de ella, se busca el asilo.

Lo he dicho muchas veces, lo que pasa con la justicia es más grave que lo que pasa con los grupos subversivos, a estos se les puede combatir con las armas del Estado, la justicia es una de las ramas del poder, independiente y sin control alguno.

Grave, también, que esta opinión es generalizada, lo dicen las encuestas, el pueblo colombiano, en su gran mayoría, no cree en la justicia. ¿Cuál podrá ser el futuro de Colombia con una justicia inoperante y politizada? Me preocupa esta opinión mía y de muchos compatriotas.

Se puede también aplicar el "te pillé mirando" a lo que ahora se está destapando con las misiones diplomáticas de los Estados Unidos. Un embajador no se nombra solamente para asistir a cocteles, que son muchos, su misión, además de representar a su presidente y a su país, es la de estar informando sobre todos los hechos en los que pueda haber algún interés de su gobierno. Recuerdo que cuando la prensa bogotana me tildaba a mí como amigo de los narcotraficantes y cuando hacía parte del gobierno de Ernesto Samper, el embajador de los Estados Unidos me invitó a su despacho para hacerme toda clase de preguntas sobre mí y sobre algún amigo que ocupaba otro cargo público, claro que informé a mi amigo de lo ocurrido. No creo que esta visita fuera solo para oírme y que ningún dato fuera enviado a su gobierno. Al lado del embajador estaba un escribiente que tomaba nota sin perder detalle. Cuando se tiene la conciencia tranquila esto no pasa de allí. El embajador tenía todo su derecho a ser informado y de disponer de esa información.

La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos en contra de Andrés Isaza Pérez, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia y el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero.

Procuraduría abrió pliego de cargos contra el Gobernador de Antioquia y gerente de la FLA

Redacción elcolombiano.com.co | Medellín | Publicado el 1 de diciembre de 2010

La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos en contra del actual gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero y Andrés Isaza Pérez, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), por irregularidades en la adjudicación de un contrato.

En un comunicado, el Ministerio Público informó que Ramos Botero habría podido incurrir en una falta disciplinaria al "omitir la supervisión las funciones delegadas al Gerente de la FLA en la ejecución de la oferta de concesión mercantil del 25 de septiembre de 2008".

La investigación radica en que un exfuncionario de la empresa antioqueña aparecía como representante legal de la Sociedad Licorrumba S.A., sucursal Dosquebradas, para comercializar los productos de la FLA en Risaralda cuando había prohibición legal.

Según la Procuraduría, el Gobernador como representante legal de la compañía, "presuntamente adelantó la escogencia de un distribuidor y/o comercializador de los productos de la FLA, sin la existencia de un procedimiento previo, con lo cual, pudo vulnerar los principios de moralidad, publicidad, imparcialidad, participación y transparencia que deben regir la contratación estatal".

Actual Rectora encargada del ITM, Gabriela Cadavid Alzate, no podría ejercer el cargo según comunicación del Ministerio de Educación Nacional

  -La comunicación fue notificada por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación mediante una carta enviada a Luis Fernando Zuluaga Gutiérrez, Secretario General del ITM.

 -La carta señala que el "ITM no ha tenido en cuenta la observación hecha por la Subdirección de determinar el término del encargo, en razón a que se trata de personal administrativo de una institución de educación superior que no está organizada como ente universitario autónomo, y manteniéndose el mismo de manera indefinida".

 -La carta cita el artículo 24 de la ley 909 de 2004, en el que "en caso de vacante definitiva el encargo será hasta por el término de 3 meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto de manera definitiva".

 -Gabriela Cadavid Alzate es rectora encargada desde el 17 junio de 2010.

 El Ministerio de Educación Nacional le notificó al Secretario General del ITM, Luis Fernando Zuluaga Gutiérrez, que la actual rectora encargada de la institución, Gabriela Cadavid Alzate, no podría ejercer en dicho cargo.

 Mediante una carta radicada el 22 de noviembre de 2010, la Subdirectora de Inspección y Vigilancia del Ministerio, Carolina Torres Jiménez, especifica que el "ITM no ha tenido en cuenta la observación hecha por la Subdirección de determinar el término del encargo, en razón a que se trata de personal administrativo de una institución de educación superior que no está organizada como ente universitario autónomo, y manteniéndose el mismo de manera indefinida".

 Cadavid Alzate oficia como rectora encargada del ITM desde el 17 de junio de 2010 y según el Ministerio, apoyado en el artículo 24 de la ley 909 de 2004, "en caso de vacante definitiva el encargo será hasta por el término de 3 meses, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto de manera definitiva".

 La respuesta del Ministerio se da luego de que el Secretario General del ITM, el 12 de noviembre de 2010, pidiera la renovación de la inscripción del cargo de Rector y Representante Legal.

 El Ministerio estableció que el encargo de la Señora Gabriela Cadavid Alzate se venció el 16 de septiembre de 2010 y pidió además, adjuntar el acto con el cual el Consejo Superior prorrogó el cargo de Cadavid Alzate como rectora encargada.

Bogotá, 25 del noviembre de 2010. MEN. Con respecto a la situación presentada en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) de Medellín, el Ministerio de Educación Nacional informa que:

La ministra María Fernanda Campo se reunió con el Secretario de Educación de Medellín, Felipe Andrés Gil, quien presentó un informe sobre las supuestas irregularidades que se están presentando en el Instituto Tecnológico Metropolitano.

Con base en ello, la Ministra:

1. Decidió enviar este jueves un equipo de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio para que iniciara la investigación respectiva frente a las graves denuncias presentadas por el Secretario de Educación de Medellín.

2. Y solicitó, personalmente, al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, y a la Fiscalía General de la Nación, adelantar las investigaciones respectivas en el ámbito de sus competencias.

Se calentó ese parche¡¡¡

El Colombiano. Alejandro Gómez Valencia | Medellín | Publicado el 24 de noviembre de 2010

Con el enfrentamiento de ayer, cobra vigencia la pregunta que se ha venido formulando en distintos círculos: ¿de quién es el ITM? La respuesta a ese cuestionamiento podría estar en manos de las decisiones de intervenir o no que tome el Ministerio de Educación. El ITM tiene 23.019 estudiantes y para 2011 tiene proyectado un presupuesto de al menos 87 mil millones de pesos.

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL solicita a ese Ministerio intervenir en el Instituto. El alcalde Alonso Salazar Jaramillo hizo una serie de denuncias sobre el manejo del centro educativo. La rectora (e) cuestiona al funcionario. Notas relacionadas

 En la carpeta de papel cartón rotulada como ITM viaja hoy a Bogotá el posible futuro de la institución pública de Medellín con mayor número de universitarios después de la Universidad de Antioquia.

En esa carpeta, Felipe Andrés Gil, secretario de Educación de Medellín, lleva la documentación que sustenta la solicitud que hizo ayer Alonso Salazar Jaramillo, alcalde de la ciudad, al Ministerio de Educación para que intervenga el Instituto Tecnológico Metropolitano.

Con una inconformidad evidente por la falta de pronunciamiento de la Procuraduría y de la Personería, Salazar se pronunció ayer sobre las acusaciones de prácticas indebidas en la institución y el control que, dijo, tiene un grupo que se blindó con los estatutos internos amparándose en la autonomía universitaria.

Ese grupo se enfrenta en el Consejo Directivo del ITM con la Alcaldía por la designación de rector. El de la administración Municipal quiere un cambio en la dirección por las denuncias de malos manejos. El otro sector estaría a favor de que el cargo lo ocupe Gabriela Cadavid, rectora encargada y a quien el Alcalde se refirió como heredera de José Marduk Sánchez, el rector durante 16 años en ese plantel.

El llamado al Ministerio podría destrabar la designación, toda vez que Salazar reiteró la inconformidad sobre la elección que al interior se hace de algunos representantes al Consejo Directivo, como es el caso del representante de los empresarios, de quien sostuvo está en ese puesto "por amistad".

Sobre la conformación de ese Consejo, Felipe Gil Barrera comentó que cuando llegó a él la relación de votos era prácticamente de nueve a uno. Se realizaron cambios en los procedimientos de elección y ahora es cinco a cinco, precisamente el resultado que se repitió de manera constante en las únicas elecciones que se han podido realizar para rector y que por lo tanto imposibilitó la designación.

Un caso relacionado con el nombramiento de rector es el de Nelson Rúa, vicerrector general del ITM, porque es miembro del Directivo y tiene voto en el proceso.

Si bien las denuncias sobre supuesta prostitución y pornografía al interior del plantel ya se conocían, el burgomaestre también se refirió a ellas al considerar inconcebible que los organismos de control no se hayan pronunciado y que la rectora encargada no tome acciones frente a la acusación contra Rúa, de participar en la presunta promoción de esas prácticas desde correos institucionales.

La nueva fecha de elección, que había sido aplazada por una acción legal, es el 9 de diciembre, cuando se espera que el Ministerio de Educación se haya pronunciado frente al caso.

Responde la rectora
Gabriela Cadavid anunció que están dispuestos a colaborar con los requerimientos de información que les haga esa Cartera. En respuesta a los pronunciamientos del ejecutivo municipal, la rectora encargada preguntó en una rueda de prensa porqué tanta preocupación del Alcalde a pocos días de la elección y porqué si tenía reparos con el Consejo Directivo esperó tres años de mandato para pronunciarse.

Luego de los cuestionamientos, la señora Cadavid dijo sentirse alegre porque el Alcalde anunció que tenía pruebas sobre las denuncias en el ITM ya que según ella el problema es que los organismos de control no las tienen.

El enfrentamiento entre ambos funcionarios fue evidente. La rectora encargada respondió a casi todos los puntos mencionado por Salazar en su rueda de prensa. Manifestó, por ejemplo, que si era poco diligente -refiriéndose al caso de Nelson Rúa- era porque no suplantaba a los órganos de control. Que ella remitió al Alcalde la acción administrativa que tomó Control Interno sobre el tema, pero que a él no le gustó esa respuesta.

Le preocupa, agregó Gabriela Cadavid, que Salazar tenga información desactualizada, porque según ella varios de los temas que se mencionaron como denuncias de malos manejos han sido fallados a favor de la institución.

En el revuelo que generaron los pronunciamientos del mandatario, salió de nuevo a flote la conciliación con fecha de abril de este año que firmaron de un lado Milena Patiño Villa, exvicerrectora académica de la institución y del otro el entonces rector José Marduk Sánchez y Nelson Rúa. En el documento, donde uno de los garantes es el exalcalde Luis Pérez Gutiérrez, Patiño se compromete a destruir supuestas pruebas de las irregularidades que estaba denunciando.

Nelson Rúa negó ayer la existencia de esas pruebas y dijo que sigue en pie con una acción contra Patiño. Una denuncia interpuso también en la Fiscalía contra el alcalde Salazar por las declaraciones en las que lo involucró ayer.

A Rúa le parece aberrante que el Alcalde lo acuse y juzgue sin darle la oportunidad de defenderse ante juez. Fue enfático en que no está inmerso en ningún delito y que no tiene ninguna agencia de prostitución. Para él, todo se trata de un persecución de funcionarios estatales y un show mediático relacionado con intereses políticos.

Con acusaciones de un lado y otro, lo cierto que el asunto del ITM ahora es nacional.

» Contexto

Personería investigará a ex decano del ITM

El lunes pasado la Personería de Medellín anunció que luego de una investigación administrativa "halló méritos para iniciar una investigación disciplinaria contra el señor Armando Perlaza Gruesso, por las presuntas irregularidades cometidas en su postulación y posterior elección como representante de los estudiantes al Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Metropolitano".

El personero Jairo Herrán Vargas declaró en un comunicado del organismo que la investigación es por "la presunta infracción a las normas legales y el Estatuto General Interno de la mencionada Institución Universitaria".

El tema de Perlaza fue de gran controversia porque se desempeñó como decano de Tecnologías entre diciembre 6 de 2002 y agosto 17 de 2010. Dice la Personería que en febrero de 2008 se matriculó a Ingeniería Biomédica y el 9 de octubre de 2009 se inscribió como candidato a representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. Lo eligieron el 29 de ese mes y renunció tres días más tarde.

La polémica situación elevó voces de alerta y el proceso tuvo que repetirse dando como ganador a Yeyson Mosquera.

El Gobierno de Panamá concedió el asilo territorial a la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado.   A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que "ha analizado cuidadosamente la solicitud presentada por la señora María del Pilar Hurtado Afanador y las circunstancias de razonable temor por su seguridad personal que la han llevado a abandonar su país".

El Gobierno panameño argumentó que la decisión se acogió con "el ánimo de contribuir a la estabilidad política y social en la región, en estricto apego a las normas y la doctrina de asilo territorial reconocidas por el derecho internacional  ha considerado favorablemente su petición".

María del Pilar Hurtado es investigada por el proceso de las interceptaciones ilegales adelantadas desde el organismo que dirigió contra varios personajes de la vida pública del país.

La investigación en su contra es preliminar y por lo tanto no estaba inhabilitada para salir del país.

La ex directora del DAS formuló su petición el jueves y permanece en ciudad de Panamá.